DERECHOS CIVILES

     Una sociedad no es realmente democrática mientras no estén garantizados sus derechos civiles. Actualmente la sociedad extremeña, como la española en general, es una de la menos desarrolladas en libertades públicas y derechos individuales. Estamos rodeados de leyes inquisitorias que vulneran la libertad de las personas y su capacidad de acción política y social. 40 años de políticas reaccionarias hacia las libertades ciudadanas han llevado la situación actual a un nivel donde, inexplicablemente, los ciudadanos de a pie gozan de menos derechos y libertades durante esta etapa democrática que en la época prodemocrática. Unas políticas rancias y reaccionarias dirigidas por una izquierda que sigue anclada en los planteamientos republicanos genocidas de Paracuellos y una alternativa política que nunca fue tal si no que fue una concubina de las políticas reaccionarias de la primera.
  

 
   Es por ello que es de vital importancia derogar, suprimir y dejar de aplicar todas y cada una de las leyes aprobados en estos 40 años de políticas ideológicas supremacistas y sustituirlas no por leyes inversas, si no por ninguna ley, pues jamás ningún conservador ha de sustituir una ley reaccionaria que viola los derechos y libertades ciudadanas por otra que, aun que vaya en dirección opuesta, terminara en mayor o menor medida siendo tan reaccionaria como la primera.

   Las leyes opresoras no se sustituyen por leyes, las leyes opresoras se derogan y se sustituyen por libertad.  Del mismo modo, siguiendo los fundamentos democráticos expresados en nuestra Constitución, el gobierno extremeño, limpiado de las políticas reaccionarias socialistas y en manos del poder popular extremeño, utilizará todos los medios disponibles para luchar contra aquellos individuos y organizaciones que manifiestamente fomenten el odio, hagan apología de regímenes dictatoriales y genocidas e inciten a la violencia contra la ciudadanía extremeña.

  Especial vigilancia tendrán actitudes que fomenten la hispanofobia y la cristianofobía, pues no hay que olvidar los miles de españoles asesinados por organizaciones terroristas mientras defendían la Democracia ni los cientos de miles de ciudadanos ejecutados por el simple hecho de llevar una cruz colgada de su cuello o tener una imagen religiosa en su hogar.  Ninguna ley aprobada por ningún parlamento puede estar por encima de los derechos civiles de la ciudadanía, cercenar su libertad de expresión, de conciencia, de credo o de pensamiento ni sus derechos a realizar actividades sociales o políticas que expresen estas mismas. El Estado jamás puede estar por encima de los derechos individuales y las libertades civiles del ciudadano.


“LA LIBERTAD DEL CIUDADANO SIEMPRE HA DE ESTAR POR ENCIMA DE LA TIRANIA DEL ESTADO”